Esta martes, la Cámara de Diputados presentó de manera formal una demanda de controversia constitucional contra la determinación del Instituto Nacional Electoral (INE) de posponer por falta de recursos el ejercicio de revocación de mandato.
El recurso legal, que denuncia la posible contradicción entre la Constitución y la resolución que tomaron algunos consejeros del órgano electoral, es interpuesto mediante el representante jurídico de San Lázaro, Genaro Vázquez, y va firmado por el presidente de la Meas Directiva, Sergio Gutiérrez Luna.
Gutiérrez Luna formalizó el recurso:
«Con las facultades que me confiere la ley como Presidente de la Cámara de Diputados, he presentado controversia constitucional ante la @SCJN, en contra del acuerdo emitido por el @INEMexico en el que suspendió el ejercicio democrático de revocación de mandato», escribió el legislador morenista a través de su cuenta de Twitter.
El recurso legal, fue interpuesto mediante el representante jurídico de San Lázaro, Genaro Vázquez, y va firmado por Gutiérrez Luna. Denuncia la posible contradicción entre la Constitución y la resolución que tomaron algunos consejeros del órgano electoral.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo recibió en oficialía de partes a las 14:33 horas del 21 de diciembre, según el acuse de recibido.
Desde el pasado viernes, Gutiérrez Luna anunció que presentaría un recurso de queja ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sin embargo, finalmente decidió hacerlo mediante una controversia constitucional.
“Los consejeros del INE condicionaron la realización del proceso de revocación a que la Suprema Corte resuelva una controversia que el propio INE presentó en contra de esta Cámara de Diputados. Esa decisión del viola la Ley de Revocación de Mandato y una resolución de la Corte respecto a la controversia que planteó el INE”, indicó en aquella ocasión.
También informó que presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República y la Contraloría del propio INE por las probables responsabilidades administrativas y penales, así como la comisión de delitos de abuso de autoridad y coalición de funcionarios públicos, entre otros.
Recordó que la Ley Federal de Revocación de Mandato establece claramente que el INE deberá garantizar la realización del ejercicio de la revocación de mandato y para ello, dice la ley, hará ajustes presupuestales que sean necesarios.
En caso de que la Suprema Corte Justicia de la Nación (SCJN) acepte la denuncia y declare que la determinación del INE es contraria a la Ley Suprema, ésta quedará sin efectos.