La propuesta de avalar el acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador para militarizar las labores de seguridad pública hasta 2024 fue enviada al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En sesión de este miércoles, los ministros de la Primera Sala acordaron enviar el proyecto realizado por la ministra Margarita Ríos Farjat al Pleno, tomando en consideración la importancia del asunto.
El proyecto de la ministra establece avalar el acuerdo publicado por el titular del Ejecutivo federal, al considerar que no existió invasión de facultades en agravio del Poder Legislativo.
Esta declaración no implica un pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad de la intervención de las Fuerzas Armadas en las labores que realiza la Guardia Nacional en materia de seguridad pública.
Sin embargo, con esto, todos los casos relacionados con el tema serán analizados y discutidos por los 11 integrantes del Pleno.
En el pleno del Senado, la presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, anunció que enviará a consulta jurídica la solicitud de 52 senadores de oposición de iniciar una controversia constitucional contra el acuerdo suscrito por el presidente Andrés Manuel López Obrador por el que se consideran de interés público y seguridad nacional todas las obras de infraestructura de su gobierno.
Al hablar en tribuna, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, justificó el blindaje a dichos proyectos para que se puedan concluir a tiempo, además de que señaló estas obras sí son de interés nacional porque están destinadas al desarrollo económico de las zonas más rezagadas del país.
“Nosotros sí creemos que hay un interés público para desarrollar estos proyectos estratégicos de infraestructura, de desarrollo socioeconómico y de turismo en la zona en donde se están realizando. Se requiere respaldar estas regiones. Es la infraestructura para el desarrollo y por eso el acuerdo señala cómo se impulsa el desarrollo sostenible, cómo se protege el medio ambiente, pero también incluye cómo se deben de agilizar los trámites en su permisión para que no sea por cuestiones burocráticas que se detengan las obras”, enfatizó el senador Monreal Ávila.
Sin embargo, aclaró que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) considera que el acuerdo presidencial no es constitucional, se tendrá que asumir así.
El debate surgió por una propuesta presentada por 52 senadores de oposición para que la presidenta de la Mesa Directiva, a nombre del Senado, presente una controversia constitucional, por considerar que el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 22 de noviembre no se apega a los lineamientos de la Constitución.
Al final del debate, en el que participaron casi todas las bancadas, la ministra Sánchez Cordero manifestó que tiene algunas dudas, por lo que pidió a la Dirección Jurídica del Senado que realice un estudio para poder dar una respuesta a dicha solicitud.
Durante su participación en tribuna, el senador Ricardo Monreal aceptó todas las preguntas de los legisladores de oposición sobre la vía jurídica para su impugnación al acuerdo presidencial, e incluso ofreció su asesoría y les sugirió que, en lugar de una controversia, presenten un recurso de inconstitucionalidad, pues reúnen el 33% requerido para acudir ante la SCJN.
Los senadores del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, PRD y Grupo Plural que participaron en el debate reconocieron que no están en contra de las obras de infraestructura, sino del acuerdo, que consideran peligroso, “porque da absoluta libertad al Ejecutivo y se hace a un lado toda la legislación”.