A seis años de la primera Alerta de Violencia de Género emitida en Veracruz, las cifras de la violencia en contra de mujeres y niñas en la entidad no han disminuido y casi se mantienen en el mismo parámetro del año anterior.
Hasta el 31 de octubre, la cifra estatal de feminicidios es de 61, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El año anterior fueron 63 en el mismo periodo; aunado a este dato, una integrante del Sistema Estatal para Prevenir, Atender y Sancionar la Violencia de Género ha advertido que de enero a septiembre de este año hay un promedio de 580 mujeres y niñas desaparecidas.
Autoridades estatales han celebrado las acciones a favor de las mujeres, el empoderamiento en puestos de decisión y el programa “Cero Tolerancia”, lo cual, aseguran, es una óptica distinta.
En su reciente comparecencia ante los diputados, el secretario de Gobierno, Patrocinio Cisneros, resaltó los 27 centros de desarrollo para mujeres instalados en el mismo número de municipios y que en 13 de ellos hay población indígena, y que el Centro de Justicia para Mujeres otorgó en el último año más de 2 mil medidas de protección a víctimas de violencia.
Sin embargo, la historia es distinta desde la sociedad civil, que se ha encargado de empujar la agenda que causó que en 2016 se emitiera la primera Alerta de Violencia de Género por Feminicidios y un año después otra por Agravio Comparado, derivado de la atención ofrecida en las instituciones de salud a las víctimas.
En este 2021, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres recibió una tercera solicitud de Alerta de Género, esta vez por el número de desapariciones de mujeres y niñas.
La organización civil Equifonía admite que, si bien se han registrado avances en la Alerta de Género por Feminicidio, en el tema del programa Cero Tolerancia a la Violencia contra las Mujeres y las Niñas en Veracruz, “es una declaratoria de buenas intenciones, porque no hay un mecanismo de coordinación, de este modo, lo que notan es que hay un esfuerzo, pero faltan las herramientas y un trabajo más coordinado entre instituciones, tanto de justicia como de atención para las mujeres.
La estrategia nos da pauta para decir que no hay claridad en cuanto a los recursos que se deben invertir para este mecanismo interinstitucional que vigile la implementación de acciones y si bien es cierto que hay otros mecanismos, es necesario que se conjuguen”, dijo Adriana Fuentes Manzo, representante legal.
Agregó que la muestra de que no han sido efectivas las acciones implementadas, es que aún con las herramientas que hay para la atención, las cifras de agresiones se han sostenido.
También se refirió a la Alerta por Agravio Comparado, en la que ya fue creado el Programa Aborto Seguro, sin embargo, las activistas aseguraron que se debe establecer mayor claridad en cuanto a la difusión de los servicios de salud a los que tienen derecho las niñas y mujeres veracruzanas.
Y es que aseguraron que posterior a la despenalización de aborto hasta antes de las 12 semanas en Veracruz, hubo un monitoreo respecto al acceso a la interrupción legal del embarazo y encontraron que en instituciones como IMSS e ISSSTE “no cuentan con interrupciones de embarazo a solicitud, sólo se interrumpe cuando la vida de la madre corre peligro”.